Mientras el gobierno presume megaproyectos energéticos como Dos Bocas, una refinería clandestina en Tequisquiapan, Querétaro, operaba con una eficiencia que […]
México está al borde del abismo. Con un salario mínimo que ya no alcanza para nada, incrementos desmedidos en precios, impuestos asfixiantes, baches que devoran calles, lluvias que inundan ciudades, inseguridad que acecha en cada esquina, extorsión que se ha convertido en rutina y corrupción que permea hasta los cimientos del país, los mexicanos estamos más vulnerables que nunca.
La historia de Rosalinda Ávalos, expolicía investigadora de San Luis Potosí, es una radiografía brutal del colapso institucional en México. En 2020, sus dos hijos fueron asesinados en un ataque armado que ella atribuye directamente a Sabas Santiago Ipiña, entonces aspirante a juez del bienestar, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Cinco años después, Ávalos no solo sigue sin justicia: ahora es ella quien aparece como denunciada, perseguida y amenazada de muerte2.
Mientras miles enfrentan procesos penales por delitos menores, el exgobernador priísta César Duarte baila en libertad por las calles de Chihuahua. No es metáfora: tras ser liberado por la jueza Hortensia García Rodríguez, y bajo la protección política de la panista Maru Campos, Duarte se exhibe como símbolo viviente de la impunidad transexenal que une al PRI, PAN y operadores judiciales en una coreografía perfectamente ensayada2.
La narrativa de austeridad que marcó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha recibido un golpe demoledor. Su hijo,
Durante años, el obradorismo intentó blindarse con la idea del “pueblo bueno”, de los “otros datos” y de una supuesta legitimidad moral que se colocaba por encima de cualquier crítica. Pero ese relato ya no aguanta. La saliva en el rostro de Sheinbaum no fue un accidente: fue un mensaje. Un símbolo brutal de que la paciencia se acabó.
En Chimalhuacán, Estado de México, hay una pareja que ha perfeccionado el algoritmo del robo sin consecuencias. En solo cuatro meses, han asaltado al menos 20 tiendas 3B. Mismo modus operandi. Mismo cinismo. Mismo resultado: ninguna detención.
Una familia circula por las calles de la CDMX. Un menor en el asiento trasero. Semáforos, cláxones, caos cotidiano. De pronto, una camioneta blindada se les cierra violentamente. Escoltas armados descienden, no para proteger, sino para agredir. ¿Quién les dio permiso de convertir la vía pública en zona de guerra?
Monterrey, Nuevo León. Un hombre de 32 años lleva de la mano a una niña de 10 hacia un motel. La escena, captada por cámaras de seguridad, se viraliza. Pero lo que debería ser un grito colectivo se convierte en un murmullo dividido: “¿Y si fue por voluntad propia?”, preguntan algunos. La pregunta no solo es absurda. Es peligrosa.
Una salida alterna que antes representaba alivio frente al tráfico asfixiante de la autopista Peñón-Texcoco se ha convertido en un escenario de extorsión cotidiana. A la altura de Nezahualcóyotl, un grupo de jóvenes ha tomado el control de este acceso, instalando una “caseta” informal donde el peaje no es legal, pero sí obligatorio: dinero o agresión.
