La historia de Rosalinda Ávalos, expolicía investigadora de San Luis Potosí, es una radiografía brutal del colapso institucional en México. En 2020, sus dos hijos fueron asesinados en un ataque armado que ella atribuye directamente a Sabas Santiago Ipiña, entonces aspirante a juez del bienestar, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Cinco años después, Ávalos no solo sigue sin justicia: ahora es ella quien aparece como denunciada, perseguida y amenazada de muerte2.
De madre a denunciante
En febrero de 2025, Rosalinda irrumpió en el Congreso estatal para exigir la exclusión de Ipiña del proceso de selección judicial. Lo logró. El comité lo descartó tras confirmar que no cumplía con los requisitos constitucionales. Pero la victoria fue efímera. Ipiña respondió con una denuncia penal y civil contra Ávalos, acusándola de daño moral y abuso de autoridad. Lo más alarmante: los testigos en su contra incluyen presuntos miembros del CJNG3.
‼️GRAVE DENUNCIA EN #SLP 📷Rosalinda Ávalos, expolicía de Investigación, acusa que uno de los seleccionados por@CongresoEdoSLP
— Desorden Mundial (@DesordenM666) September 26, 2025
para el Poder Judicial está implicado con los criminales que mataron a sus 2 hijos en 2020, y ahora quiere ser juez para liberarlos. pic.twitter.com/AAK4L98Wqe
Justicia invertida
Desde entonces, Rosalinda ha sido revictimizada por la Fiscalía estatal. Se le impidió presentar su examen de licencia, se le investiga por ejercer su derecho a la libre expresión, y se le niega protección efectiva. Mientras tanto, uno de los acusados por el asesinato de sus hijos fue liberado por “error administrativo”.
“Si ya se atrevieron a venir a mi domicilio a acribillar a mis hijos, ¿con qué voy a defender a mi hija?”, declaró en entrevista. Hoy, vive bajo amenaza directa. “Estoy en riesgo, me van a matar”, advirtió desde las oficinas de la Fiscalía4.
El narco como juez
El caso Ávalos revela una verdad incómoda: en San Luis Potosí, el crimen organizado no solo infiltra las calles, sino también las instituciones. ¿Cómo es posible que un presunto asesino, vinculado al CJNG, haya sido considerado “uno de los mejores evaluados” para convertirse en juez? ¿Cómo se explica que los testigos en una denuncia contra una madre sean miembros del mismo cártel que mató a sus hijos?
Responsabilidad colectiva
Rosalinda ha hecho un llamado claro: si algo le ocurre a ella o a su hija, responsabiliza directamente a las autoridades de San Luis Potosí. Su caso no es solo una tragedia personal, sino un grito de alerta sobre el narcoestado que se consolida cuando el poder judicial se convierte en cómplice del crimen organizado4.
