En Campeche, el uso del aparato judicial para silenciar a medios críticos ha escalado a un nuevo nivel. El caso más reciente involucra a los periodistas Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali, del medio La Barra Noticias, quienes fueron obligados por el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) a leer en público una disculpa a la gobernadora Layda Sansores.
El texto —dictado palabra por palabra por las autoridades— incluía el reconocimiento de que sus expresiones fueron “ofensivas, estereotipadas” y constituyeron “violencia política de género” en su modalidad digital y mediática.
Una sentencia polémica
Abraham Martínez informó que apelaron la resolución, pero la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sanción. El periodista advirtió que enfrenta además otras cinco denuncias por daño moral, violencia política de género y difamación.
La sentencia no solo obliga a la disculpa pública, sino que consolida un precedente: cualquier crítica a un funcionario puede ser reinterpretada como violencia política de género si la autoridad así lo decide.
Un patrón de censura
Este caso no es aislado. Previamente, el tribunal ordenó a Tribuna y al periodista Jorge González Valdez no referirse a Layda Sansores en ninguna publicación y someter su trabajo a revisión previa de un censor judicial antes de ser difundido.
Tal medida, inédita en la historia reciente, recuerda a los sistemas de prensa controlada donde el contenido se filtra antes de llegar al público.
El pretexto del género y la erosión de la libertad de expresión
Aunque la violencia política de género es una figura legal diseñada para proteger a las mujeres en el ejercicio público, en Campeche parece haberse convertido en una herramienta para blindar a la élite política contra la crítica periodística.
El riesgo es claro: si la autoridad define qué es ofensivo, el periodismo deja de fiscalizar al poder y se convierte en vocero del mismo.
Contexto político
Layda Sansores, gobernadora morenista y figura polémica a nivel nacional, ha estado en el centro de múltiples controversias: desde el uso de programas de televisión para exhibir a opositores, hasta filtraciones ilegales de conversaciones privadas.
Paradójicamente, hoy se presenta como víctima de violencia política de género, mientras promueve un clima de hostigamiento contra medios y periodistas que la cuestionan.
Conclusión: mordaza en construcción
El caso de La Barra Noticias y las medidas impuestas a otros comunicadores evidencian un retroceso grave en la libertad de prensa en México. El abuso de figuras legales como la violencia política de género, combinado con la obediencia del poder judicial local, crea un ambiente de autocensura que beneficia al poder y priva a la ciudadanía de información crítica.
La pregunta que queda en el aire es:
¿Cuánto falta para que este modelo de censura judicial se replique en otros estados del país?
