Altagracia Gómez Sierra, heredera y presidenta de Grupo Minsa, se presenta como la cara moderna de la agroindustria mexicana. Glamour empresarial, entrevistas cuidadas, titulares que la pintan como “visionaria”. Pero detrás de esa fachada se esconde la maquinaria que ha convertido al maíz —símbolo de identidad y alimento básico— en mercancía de élite.
Mientras ella concentra contratos y poder político, los campesinos que sostienen la tierra producen a pérdida, endeudados y abandonados por el Estado.
La crisis que alimenta el imperio
Precios de miseria: productores exigen 7 mil pesos por tonelada; la industria ofrece 6 mil. La diferencia es la línea entre sobrevivir o quebrar.
Dependencia creciente: México importa cada vez más maíz, debilitando la soberanía alimentaria.
Protestas invisibilizadas: bloqueos carreteros y movilizaciones en Jalisco, Guanajuato y Michoacán apenas aparecen en los medios, mientras la narrativa oficial protege a los grandes grupos harineros.
El rostro del despojo
La figura de Gómez Sierra funciona como símbolo de un modelo extractivo:
Empresaria multimillonaria que se vende como “innovadora”.
Aliada de políticas que privatizan la ganancia y socializan la pérdida.
Imagen aspiracional que contrasta brutalmente con la realidad campesina: jornaleros sin seguridad social, familias que abandonan el campo, comunidades que resisten al despojo.
Sin campesinos no hay país
El emporio de Gómez no es un caso aislado: es la radiografía de un sistema que destruye la base campesina para enriquecer a monopolios. El maíz, raíz de la cultura mesoamericana, se convierte en commodity, y el campesino en desecho.
La consigna vuelve a ser urgente: “Sin maíz no hay país. Sin campesinos no hay futuro.”
